SANTO DOMINGO. Las agresiones y deterioro del Parque Nacional Los Haitises le han costado mucho dinero al Estado dominicano, que no ha sido capaz de mantener una estricta vigilancia en esa área protegida que distingue al noreste del país por su rica y exuberante biodiversidad, y que es vital para el sostenimiento de las actividades productivas de la región Este, a la que le sirve como principal fuente de agua.
Eleuterio Martínez, uno de los ambientalistas que por años han trabajado en esa zona, califica el problema como un barril sin fondo, debido a las grandes cantidades de recursos, tanto en subvenciones como en terrenos, destinadas para los planes de desalojo y reubicación de los campesinos que han ocupado el parque.
Martínez se remonta al 1986, cuando el entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer, inició el operativo Selva Negra que conllevó el uso de agentes y equipos de las Fuerzas Armadas para desalojar el parque.
“Yo trabajé desde entonces, era la crisis más grande de Los Haitises, estaba totalmente devastado”, recuerda el ambientalista que hoy critica la falta de coherencia en las políticas estatales para hacer frente a ese tema, así como los intereses políticos que han primado.
A seis años de aquel operativo que refiere, Balaguer emitió el decreto 192-92 que creó una comisión para encargarse del traslado a lugares apropiados de los agricultores y ganaderos que residían en Los Haitises, un parque que une las provincias Samaná, Monte Plata y Hato Mayor, Duarte y Sánchez Ramírez. El decreto contemplaba la entrega de raciones alimenticias, la construcción de viviendas, escuelas y otras obras comunitarias, así como el reparto de parcelas fuera del área de influencia.
En los archivos periodísticos que tratan sobre el tema se cuentan historia sobre los distintos momentos de un desalojo que a la fecha sigue siendo noticia y que no termina.
En 1995, Luis Toral, como secretario de Agricultura, dirigió un proceso de que, según las cifras ofrecidas entonces, alcanzó a unas 1,200 personas.
Un artículo que escribió en esa época el periodista Marino Zapete para el periódico Hoy decía que, para la fecha, apenas se había destinado el 10% de los recursos necesarios para liberar el parque de la actividad agrícola, mientras, el también comunicador Rafael Núñez, publicó en El Siglo que la política de reasentamiento había fracasado.
Un año después, el periodista Geraldino González indicaba, basado en informaciones del entonces programa de Canastas Populares del Departamento de Asistencia Social de la Presidencia, que se habían invertido unos RD$82 millones al año solo en las raciones alimentarias que se daba como compensación a los desalojados.
El MCCU reconoce que Los Haitises es un área protegida pero advierte que los campesinos tienen que comer y por eso continúan haciendo agricultura en el lugar. Plantea como solución que se reduzca el área del parque a unos 300 kilómetros, y que se les permita la siembra de frutales bajo la supervisión del Ministerio de Medio Ambiente y no de los militares como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
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